El gobierno de Ecuador calcula que hay medio millón de personas procedentes de Venezuela en el país. Los flujos migratorios han creado nuevas complejidades en la sociedad ecuatoriana. De acuerdo Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, las estrategias para atender las demandas sociales, incluida la incidencia de la desnutrición crónica infantil, deben ser pensadas para todos. Según afirma, el combate contra ese mal es una prioridad gubernamental.

 

“La mejor y la mayor política pública que tiene establecida el gobierno es la de disminuir la desnutrición crónica infantil. El Presidente de la República está a la cabeza de esa política. El tener este nivel de DCI de 27 por ciento, solo por debajo de Guatemala, nos hace pensar. Nos hace identificarlo como uno de los problemas más graves que ha tenido el Ecuador”.

 

–¿Existe una política para combatir la desnutrición infantil crónica de niños migrantes por parte de su ministerio?

 

–Usted no puede establecer una política pública para 17 millones y medio de ecuatorianos, sino para 18 millones de personas que interactuamos en esta sociedad. La gente y los hermanos venezolanos demandan seguridad, demandan educación, salud y por supuesto, también demandan trabajo y oportunidades. Por lo tanto, la acción del Presidente de la República se ha enmarcado en tener políticas públicas integrales que vayan de la mano para poder contribuir con toda esta sociedad que interactúa dentro de nuestro territorio. De ahí que no podríamos identificar una política pública para la disminución de desnutrición crónica infantil en niños venezolanos. Nosotros generamos acciones integrales y en ese contexto lo que hay que hacer es ayudar a disminuir la desnutrición crónica infantil. Sin embargo, sí hay una particularidad que es muy importante evaluar. Un poco más de cuatro de cada diez niños que vienen de Venezuela tienen desnutrición crónica infantil. Es un componente porcentual para identificar como una alerta. Es incluso mayor del que se reporta en el propio territorio venezolano. Es irreal particularizar la política pública para niños venezolanos con DCI porque no tienen un territorio específico, están en todo el territorio nacional y por tanto la política debe tener carácter integral.

 

–¿Cuáles son exactamente las políticas que van a desarrollar al respecto?

 

–La creación y ampliación de los Centros de Desarrollo Infantil, que nos ayudan en todo el proceso de manipulación, de buena manipulación de alimentos. A lo anterior únale un proyecto que es sumamente significativo. La entrega de por lo menos 80 mil bonos de 70 dólares cada uno en una primera etapa. Este es un bono de los mil días: los 270 de días de gestación natural más 730 días de vida del niño. Según los expertos, la evidencia determina que al precautelar esos mil días estaríamos precautelando la disminución de la desnutrición crónica infantil. Para financiar la lucha se prevé vender el Banco del Pacífico y las tierras camarones que están concesionadas. Este es un elemento adicional que le va a permitir al Ecuador tener una política de largo alcance para el manejo de la desnutrición crónica infantil. Juntando los dos recursos se podrá generar un capital que permita su rentabilidad. No va a ser tocado el capital. La idea es de que cualquier gobierno que venga precautele el rendimientos de ese capital para que pueda destinarse directamente a las políticas para la disminución de la desnutrición crónica infantil. El monto, no me atrevería a decir, pero es un capital muy considerable que permitirá efectivamente generar rentabilidad para el manejo de esta política.

 

–¿Cuáles han sido las instituciones que trabajan con el MIES en conjunto para atender la comunidad vulnerable en movilidad humana?

 

 

–Es importante que en esto demos una aplicación al concepto inicial, la cantidad de instituciones no solamente son del gobierno central, también son de las intersectoriales, están los gobiernos autónomos descentralizados. Lo que le decía, no podríamos nosotros estar tranquilos con buena manipulación de alimentos, con buen seguimiento en términos de salud o identificación de madres gestantes, con seguimiento o acompañamiento, cuando tenemos un agua potable que es desastrosa y por lo tanto hay que generar un grado de integralidad. Lo propio en el tema de seguridad ambiental para la zona y de los sectores rurales, que son los más vulnerables para esto. Esa Comisión o esa Secretaría de Integración incorpora inclusive empresas, la empresa privada incorpora, por ejemplo, a las universidades, es decir, es una articulación. También está, por ejemplo, el Banco del Estado para poder canalizar recursos para los gobiernos autónomos descentralizados, para que se puedan generar proyectos de agua potable y alcantarillado. Entonces todo tiene un grado de consecuencia circular difusa para que todos los actores involucrados trabajemos. Por eso también está el Ministerio del Ambiente.

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–¿A qué instituciones pueden recurrir los padres que no pueden costear una dieta balanceada para sus hijos por falta de trabajo o estabilidad?

 

–Siempre al MIES, siempre a nosotros, el MIES no solamente tiene la capacidad de ser receptivo, sino también de identificar.  Nuestras brigadas, nuestros educadores, nuestros trabajadores y trabajadoras sociales están enfocados canalizando permanentemente la búsqueda de los rangos de vulnerabilidad. Pero aquí luego hay una particularidad. Fíjese usted que el bono de los mil días se tiene previsto que haya una identificación pero segmentada para el arranque, porque promedio necesitamos dar una cobertura a 380 mil personas entre madres gestantes y niños de cero a seis meses. Sin embargo, apenas en esta etapa vamos a entregar 80 mil. Por lo tanto tenemos que segmentar.

 

–¿Cualquier persona migrante se puede acercar al MIES o necesita tener cédula ecuatoriana? 

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–No, yo creo que, como le dije, la política pública es integral, tiene que identificarse a las personas que interactúan dentro de nuestra sociedad. Lo más apropiado es que exista la legalización, pero nosotros no podemos desprendernos, en la cobertura y la protección social a una niña o niño que esté con riesgo de desnutrición crónica infantil.

 

–Quienes no estén legalizados en Ecuador ¿igual se pueden acercar al MIES para recibir un bono? 

 

–El bono no, el bono es con financiamiento propio del gobierno ecuatoriano, pero venimos trabajando con el Fondo Mundial de Alimentos y con la Agencia para Movilidad Humana para generar generar bonos para esta particularidad y para la gente que es de movilidad humana, que es un programa paralelo, pero que lo estamos activando.

 

–¿A través de qué organizaciones?

 

–A través de varias organizaciones. Estuvimos reunidos con Unicef. Hemos estado reunidos con el Fondo Mundial de Alimentos, hay dos organizaciones que se han comprometido con el MIES para la generación de estos bonos, que nos van a permitir apoyar específicamente a la gente que está en movilidad humana. Los dos temas de protección CDIs y todo el sistema de salud no puede ser aislado a toda la responsabilidad que tenemos como Estado, con la gente que está en movilidad humana.

 

–¿Tienen alguna fecha, quizás aproximada para estos bonos?

 

– Yo aspiro de que arranquen los dos bonos y de manera paralela para el mes de febrero del año 2022.